Según prevé el artículo 29.1 de la Constitución Española (CE), “todos los españoles tendrán el derecho de petición individual y colectiva, por escrito, en la forma y con los efectos que determine la ley”. Así se regula en la Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre, reguladora del Derecho de Petición. En otros países de la Unión Europea, también en Iberoamérica, este tipo de derecho fundamental es ejercicio por el mundo académico para dirigirse al Gobierno y proponerle que lleve a cabo determinadas reformas legislativas, en aras del interés general. No sucede así, sin embargo, en España, donde es más infrecuente este tipo de iniciativas, que no debe confundirse con la promoción de iniciativas legislativas populares (el art. 87.3 CE hace un reconocimietno expreso de esta facultad de Iniciativa Legislativa Popular -ILP-). Quizás sí tenga algún precedente mayor en el ámbito de la economía y la empresa, si bien en ese espacio no suele integrarse solo por la academia, sino que se acompaña de posiciones de operadores económicos
Pues bien, en el ejercicio de este derecho fundamental, un grupo de más de 100 personas del mundo de la Universidad, especialistas en materia de prevención de riesgos laborales, especialmente desde una perspectiva jurídica, aunque no solo, han enviado una “carta abierta” al Ministerio de Trabajo y de Economía Social sobre la futura reforma legislativa de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. Con ella, se lee en la carta, se ponen a disposición de la Vicepresidencia Segunda del Gobierno (y titular del Ministerio de Trabajo y Economía Social) “para contribuir a la actual hoja de ruta reformadora”de una ley tan relevante como aquella (pdf). La oportunidad de la misma deriva de la apertura y el desarrollo de la Mesa de Diálogo Social relativa a la reforma de esta ley, iniciada en el pasado mes de febrero.
La Carta abierta ha tenido una notable repercusión mediática, tanto en la prensa de ámbito nacional escrita (ej.El País -versión digital-, Cinco Días -versión digital y escrita-), así como en las redes sociales, con un interesante vídeo exhibido en youtube, y por supuesto en ámbitos especializados. Sin poder entrar ahora en los contenidos, que abarcan un amplio catálogo de temas, en línea con lo que se comprometió en la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023-2027, lo más destacabe, a los efectos de esta información, es la priorización que piden de la salud mental en el trabajo, con iniciativas muy significativas para mejorar el tratamiento normativo de los factores y riesgos psicosociales. En este sentido, de los 10 bloques temáticos en que se articula la propuesta académica, el punto 3 expresamente refiere a la: “Mejor protección frente a los riesgos psicosociales desde un enfoque preventivo, correctivo y pragmático.”.
La Carta reconoce, como no podía ser de otro modo, los progresos tenidos en este ámbito, también en virtud de la mayor evidencia científica derivada de la investigación académica, además del saber profesional acumulado en estos años. Pero desde el plano normativo todavía queda mucho terreno por recorrer. La falta de legislación específica en esta materia daría lugar -afirma esta Carta abierta- a una desigualdad de facto en la protección jurídica de las personas trabajadoras, que debería ser eliminada. En la Carta se proponen algunas experiencias exitosas, a tal fin, como el nuevo marco que se está implantando en Australia, a través del desarrollo e implementación de “códigos prácticos sobre la gestión de riesgos psicosociales en el trabajo’”, lo que incluye la obligación de las empresas de establecer medidas de control de aquéllos. Sobre el tratamiento de los riesgos psicosociales en la Estrategia Australiana de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023-2033 puede verse el análisis realizado en el Boletín cuatrimestral 1, del año 2023 (pdf), a cargo de la coordinadora del LARPSICO, la profesora María Rosa Vallecillo.
Además, se recuerda que España tiene pendiente desarrollar de manera específica el enfoque de gestión psicosocial de la violencia y el acoso en el trabajo, también en su dimensión digital (ciberacoso laboral) eigido por el Convenio 190 de la OIT. Un Convenio Internacional ratificado por España y en vigor desde el 25 de mayo del 2023 (se va a cumplir en breve, pues, un año) que espera desarrollo. Por último, el más del centenar de personas expertas en esta materia celebra la decisión del Gobierno de España, durante su mandato presidencial del Consejo de la UE en 2023, de priorizar el abordaje del impacto de la precariedad laboral en la salud mental. Este reconocimiento debe plasmarse en el plano legislativo.
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