La salud mental es motivo de creciente preocupación a escala internacional y de la UE. Uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas comprende la protección de los derechos laborales y la promoción de un entorno de trabajo seguro y sin riesgo para todas las personas que trabajan. La presidencia española de la UE durante este segundo semestre del año 2023 ha dado una especial importancia a avanzar, dentro del proyecto europeo común, en una ordenación y gestión compartidas por todos los Estados miembros de la cuestión de la salud mental en el trabajo, también atendiendo a la incidencia en ella de los factores de precariedad laboral. En su preparación previa pidió un Dictamen al CESE (Comité Económico y Social Europeo) para que se pronunciara al respecto, a fin de explorar cuál era la posición de las empresas, los sindicatos y la sociedad civil al respecto.
El relevante órgano consultivo socioeconómico comunitario (expresa la voz de los interlocutores sociales y la sociedad civil en la Unión, estructurado en tres grandes grupos que representan el ámbito empresarial, personas trabajadoras y sociedad civil) emitió su Dictamen (pdf) en abril de este año. Entre sus propuestas no está solo avanzar en políticas de eliminación de la precariedad en el trabajo para el conjunto de la población e intensificar la gestión de los riesgos psicosociales en los entornos laborales, también propone una Directiva comunitaria que regule los riesgos psicosociales.
También se dio cuenta en esta sección del LARPSICO, de que el 7 de junio de 2023 la Comisión adoptó su “Comunicación sobre un enfoque global de la salud mental”. Si bien tiene un enfoque general, también contiene una dimensión laboral significativa.
Pues bien, ahora es el Consejo de Políticas de Empleo y Políticas Sociales de la Unión Europea (EPSCO) el que, el 9 de octubre, ha dado luz verde a unas “Conclusiones sobre salud mental y el trabajo precario”. Aunque el Consejo viene preocupándose desde hace tiempo de la salud mental, este es el primer texto comunitario, no vinculante en el plano jurídico, pero de gran influencia política, sobre la cuestión social de la salud mental en el mundo del trabajo relacionándola con la precariedad laboral.
Aunque el documento es extenso y hace múltiples llamadas a la implicación en esta política de promoción de la salud mental a través de la eliminación de la precariedad en el mundo del trabajo (llama a los Estados, a la Comisión, a los interlocutores sociales) el Consejo invita a los Estados miembros, entre otras cosas, a:
- promover políticas de empleo de calidad para combatir la precariedad;
- reforzar los sistemas públicos que salvaguardan la salud mental en el trabajo;
- promover la investigación sobre la salud mental en el trabajo;
- apoyar la contratación o la reintegración laboral de las personas con problemas de salud mental;
- apoyar a las personas que trabajan de forma autónoma y a las pymes en la prevención de los riesgos psicosociales en el trabajo.
Además, el Consejo invita a la Comisión Europea a que:
- reflexione sobre una política adecuada para abordar los riesgos psicosociales en el trabajo;
- tenga en cuenta el derecho a la desconexión como medida de prevención;
- fomente la coordinación de las iniciativas nacionales sobre la gestión de riesgos psicosociales en el trabajo.
Asimismo, se pide a los interlocutores sociales que:
- prosigan el diálogo social para mejorar las condiciones de trabajo y el bienestar psicosocial
- refuercen el papel del diálogo social y la negociación colectiva en la mejora de la identificación, prevención y gestión de los riesgos psicosociales en el trabajo y en la lucha contra la discriminación, la violencia psicológica y toda forma de acoso
- sigan fomentando enfoques proactivos de la digitalización y el uso de tecnologías de la información y de las comunicaciones que tengan repercusiones positivas en las condiciones de trabajo, y seguir minimizando las negativas
Horario de atención telefónica: de 09:00 a 14:30 horas
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