Vivimos en una sociedad que medicaliza (y psiquiatriza) en extremo la gestión de las cuestiones emocionales, en todas las esferas de nuestra vida, también en el mundo del trabajo. Así lo denuncia críticamente en su reciente y célebre libro (Sedados: cómo el capitalismo moderno creó la crisis de la salud mental) el psicólogo británico Jame Davies. En la obra se utiliza datos relativos sobre todo a la sociedad británica, donde el 25 por ciento de la población toma habitualmente “medicamentos psiquiátricos” (todo tipo de hipnosedantes), un 500 por cien de aumento desde 1980 y sigue creciendo. Pero bien podría aplicarse, incluso con más razón a España, el país del mundo donde más fármacos de este tipo (ansiolíticos, hipnóticos y sedantes) se consumen. El problema ha ido creciendo, pues hace una década éramos los segundos. En 2020 aumentó un 4,5% y superó las 91 dosis diarias por cada 1.000 habitantes, según el último informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE).
Suele vincularse este exceso de medicalización de las cuestiones psicosociales y/o de salud mental a un factor institucional: el déficit que supone la saturación (“estrés”) de la atención primaria, de la medicina de familia que es donde se trata en torno al 90% de los casos, que se autotutela prescribiendo tranquilizantes, sin necesidad de derivarlos a una persona especialista en psicología. Por tanto, el factor explicativo clave estará en la desatención de las evidencias de práctica clínica que aconsejan otra forma de enfocar los trastornos de ansiedad y emocionales, sin que acaben en una receta de hipnosedantes, de modo que problema de ansiedad y estrés en vez de ser “afrontados” son “anestesiados”. Los ensayos clínicos realizados en 22 centros de salud de ocho CCAA con más de 1.000 pacientes con ansiedad reflejaron que, cuando el modelo de tratamiento fue la atención psicológica, el 70% dejó de padecerla y el 50% logró una recuperación óptima. En cambio, el porcentaje bajó al 20 y al 10% respectivamente en los casos en los que solo fueron tratados con benzodiacepinas. (según Antonio Cano Vindel, catedrático de Psicología de la Universidad Complutense y presidente de la Sociedad Española para el Estudio de la Ansiedad y el Estrés -SEAS-).
Ahora bien, desde estos planteamientos, sigue poniéndose el acento en un tipo de tratamiento claramente clínico e individualista, sin afrontar los factores económicos y de organización de la vida social, por tanto, del trabajo también, que contribuyen ampliamente a formar esta “sociedad de la ansiedad”. Precisamente, el referido libro “Sedados” critica abiertamente ese modelo médico que sitúa el problema únicamente en la persona que lo sufre y en su cerebro, dejando en un segundo plano los factores que los generan y asociados a sus entornos, como los profesionales o laborales, junto a los familiares y sociales. La medicación excesiva de estas cuestiones, también llamar a una excesiva psiquiatrización, desvía del verdadero análisis de las causas y soluciones y desenfoca la dimensión socioeconómica actual de los problemas de la salud mental. De ahí que, pese al incremento del consumo de medicamentos de este tipo, así como incluso de la creciente cultura social de la psicologización de estas cuestiones, las prevalencias de los trastornos mentales de todo tipo aumentan en número y gravedad, en especial en una “sociedad del rendimiento” que, de tanto centrarse en la dimensión económica de la vida en detrimento del bienestar, termina desembocando en una típica “sociedad del cansancio”.
De ahí que, como ha sostenido con evidente provocación, pero gran acierto, en una reciente entrevista para El País, el psicólogo James Davies, que una política eficaz de reducción de la (hoy prolongada) jornada de trabajo pueda hacer más para mejorar la salud mental de las personas que la medicalización de estos temas, así como que su renovada psiquiatrización. En suma, la organización flexible del trabajo, desde las razones de las personas trabajadoras, no solo del rendimiento económico, es fundamental para adaptar las cargas y ritmos de trabajo y, en consecuencia, también para afrontar uno de los factores de estrés, ansiedad y angustia más relevantes en las actuales sociedades. Desde esta perspectiva, gana fuste científico y social la propuesta de una jornada laboral de 4 días (32 horas) como una política, no solo una medida, de mejorar la salud psicosocial de las personas trabajadoras, con una visión más socioeconómica que clínica de la salud mental (ej. gestión de las cargas de trabajo diario; conciliación de la vida laboral y familiar, incluso personal, reducción de los ritmos de trabajo estresantes, etc.).
Una propuesta esta, compleja, discutida y discutible, va ganando adhesiones en diferentes ámbitos, como el sanitario. Precisamente en este asistimos a una mayor “alta tensión” en su ejercicio, también cuando parece haber pasado lo más complicado de la pandemia. En todo caso, una vez más, según sus condiciones, el trabajo puede pasar de ser factor de riesgo (y enfermedad) a factor de protección de la salud mental.
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