Son muy diversos factores, objetivos y subjetivos, influyen en la proliferación de entornos de trabajo hostiles para las personas empleadas, un problema psicosocial que tiene una significativa presencia en el mundo del trabajo, como viene reflejando tanto la Opinión publicada como los repertorios de jurisprudencia. Bien sea por la pobreza en los sistemas de solución de conflictos, bien por los estilos de liderazgo, bien sea porque la persona trabajadora denuncie alguna irregularidad de la empresa (en este momento se sigue tramitando el proyecto de ley que debe transponer a nuestro Derecho la Directiva 2019/1937/UE -Wistleblowing- sobre protección de las personas trabajadoras denunciantes-), los conflictos con espiral de violencia moral o psíquica en el trabajo están a la orden del día. Un ejemplo reciente, de este último tipo de casos, nos lo ofrece la siguiente información de Tribunales.
El Servicio Vasco de Salud (Otsakidetza) deberá pagar -solidariamente con la asociación de donantes de sangre de Vizcaya- más de 250.000 € por un despido realizado en un entorno de hostigamiento contra el presidente honorario de la asociación, a su vez trabajador del Servicio Vasco de Salud, al considerar que se había producido una cesión ilegal. ¿Por qué?
Todo comenzó en la primavera de 2021, tres años después de que el trabajador dejase su puesto de enfermero en el ambulatorio de Portugalete, para iniciar su prestación de servicios en Donsanbiz (asociación de donantes de sangre de Vizcaya). Fue contratado como enfermero especialista, pero el director técnico del Centro vasco de Transfusión y Tejidos Humanos (CVTTH), organismo dependiente de Osakidetza, le «propuso» para presidente de la asociación, un cargo honorífico (sin remuneración). A raíz de varias denuncias de eventuales irregularidades de la asociación por parte del nuevo presidente, la actitud de la asociación y del servicio vasco de salud cambió completamente, creándose un entorno hostil, según el fallo judicial condenatorio del Juzgado de lo social n. 4 de Bilbao (se le “invita” a abandonar las instalaciones de la asociación en el hospital de Galdakao; se le niega volver a su puesto de trabajo, se le retiran las llaves y ordenador del despacho, el Servicio Vasco de Salud retira la subvención mensual a la Asociación, etc.)
La sentencia del juzgado de lo Social es contundente en algunos aspectos y da la razón al trabajador demandante en la práctica totalidad de sus pretensiones. La decisión es un ejemplo de «levantamiento del velo del verdadero empleador», esto es, de quién dirigía en realidad la asociación, que no es sino el Servicio Vasco de Salud. Por tanto, ante una «pluralidad de indicios» que avalan la existencia de una «cesión ilegal de mano de obra», condenará a ambas entidades. El fallo no es firme, puede ser recurrido ante el TSJ País Vasco, lo que seguramente sucederá. Veremos qué dice el TSJ.
No se trata de casos aislados, lamentablemente. Hace pocos meses volvíamos a conocer de una nueva situación de acoso laboral por la regidora de un municipio. El juzgado contencioso-administrativo 4 de A Coruña ha condenado al Ayuntamiento de Santa Comba por el decreto que firmó la regidora en el que reubicaba a una trabajadora de su despacho, una actuación que quedó acreditada como "acoso laboral". También el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 1 de Albacete ha condenado a la Subdelegación del Gobierno de esta provincia al pago de las costas procesales en las que ha obligado a incurrir al exalcalde de Albacete, que tuvo que recurrir a la Justicia ante una presunta vulneración de derechos fundamentales al ni siquiera admitir la propia Subdelegación la activación del protocolo por un presunto acoso laboral denunciado. Unos y otros ejemplos no hacen sino evidenciar la necesidad de contar con adecuadas políticas en las organizaciones de trabajo, públicas o privadas, para prevenir la violencia moral en el trabajo. Una política que no solo redundará en el bienestar de todas las personas del entorno, sino que ahorrará importantes costes al conjunto de la ciudadanía.
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